12 millones de líneas

Estamos en el ecuador del breve mandato del Salvador Sánchez-Terán. España vive sus primeros años de democracia y la demanda de líneas telefónicas se consolida. Todas las instituciones y empresas van teniendo teléfono y ya muchos hogares también. Es el año de los 12 millones de líneas instaladas. El aparato telefónico – los modelos Góndola y Teide eran los más extendidos- empieza a estar entre los favoritos de los españoles. Según una encuesta de unos años antes (1975), los ciudadanos ya lo preferían al tocadiscos… aunque no al televisor, la estrella de los salones en estos años.

Implantamos el segundo y más ambicioso plan de telefonía rural

Desde su nacimiento, Telefónica entendió el servicio como algo universal. La telefonía -y después los datos- no tendrían sentido si no llegaban hasta el último rincón. En 1981 la compañía abordaba su segundo y más ambicioso plan de telefonía rural con el objetivo de llegar a pueblos cada vez más pequeños y remotos. Lo primero, la telefonía pública. Al menos un teléfono en el bar, o en la oficina de Correos, o una cabina en la plaza para avisar al médico, para las emergencias, para llamar al hijo emigrado. Mientras llega el sueño de conectar cada hogar, la prioridad era garantizar unas mínimas comunicaciones para los vecinos. Y las luchas entre pueblos para ser el primero en tener teléfono eran, claro, épicas. Los instaladores de Telefónica no daban abasto a cubrir esa demanda.

El valor de la anticipación

En el arranque de la década, Telefónica comparte en su memoria anual una interesante reflexión sobre el futuro. Además de la transformación económica del país, la compañía apunta ya un imparable y profundo cambio tecnológico. “Vamos hacia la era electrónica y a una sociedad informatizada -dice la carta del presidente, Salvador Sánchez-Terán-. Se trata d un cambio acelerado y, por ello, la compañía aplica ciertamente una política de vanguardia tecnológica con la incorporación de innovaciones en la explotación telefónica”. Un cambio que debe asumirse desde una triple consideración: la calidad del servicio, el nivel de empleo y las posibilidades reales de inversión.