Desde el arranque de los años 30, la Constitución recogía una serie de beneficios para las mujeres trabajadoras que facilitaban en buena medida las cosas a nuestras telefonistas. La carta magna, firmada en 1931, reconocía la igualdad de hombres y mujeres ante la ley e incluso el derecho a voto. Las chicas del cable ya no tenían que dejar de trabajar al casarse, ni siquiera al quedarse embarazadas y tener a sus bebés. Incluso se les daba un subsidio por maternidad los meses que no podían trabajar. Pero la Guerra cambió todo eso. Las leyes del Nuevo Régimen vuelven a apartar a las mujeres casadas de empleos y oficinas. Una medida que se recogía en una de las Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo de 1938. En él se obligaba a “liberar a la mujer casada del trabajo en el taller y en la fábrica”.
En 1936, en España, la CTNE ya gestionaba todas las redes provinciales del país a excepción de la red telefónica insular de Tenerife, la red provincial de Guipúzcoa y la red urbana de San Sebastián. La red insular de Tenerife se incorporaría a la compañía en 1938, tras casi 25 años existiendo de forma independiente. En 1914 había sido desplegada por la administración local como un anillo de comunicaciones que conectaba casi todos los núcleos de población de la isla.
La guerra complica enormemente la contratación de personal para la CTNE. Solo podían presentarse a las nuevas plazas los jóvenes sin obligaciones militares, justo en el momento en que hay que reparar canalizaciones y replantear el despliegue en distintas zonas destruidas por los bombardeos. La compañía llegó a solicitar a las autoridades la no incorporación a filas de los técnicos de red.
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